Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública

Además, se pretende centralizar el control, establecer una nueva gobernanza,reorganizando y centralizando el poder en la educación superior a favor de la SEP, losgobiernos de los estados y las instituciones privadas, que ya superan en número y, en elesquema organizativo que propone, en importancia a las universidades autónomas,normales y demás públicas. Se genera así una presión al autoritarismo burocrático-gubernamental y a la asimilación de la educación pública a la privada.Con preocupación vemos además que la propuesta de Ley no garantiza realmente elderecho universal de las y los jóvenes a la educación superior, que se plantea como logroen el propio artículo 3 de la Constitución. Al contrario, como nunca antes se da un enormepoder a las burocracias institucionales para imponer requisitos para el ingreso de las y losaspirantes (Art. 4).Por otro lado, en una mera apariencia de apertura a la participación de las y los estudiantesy académicos de la educación superior, establece el Consejo Nacional para la Coordinaciónde la educación Superior, (Arts. 52, 53), pero es una instancia que se integrara por 118miembros, de los cuales 100 serían de la SEP, secretarias de educación de los gobiernosestatales, CONACYT, ANUIES, rectores de las principales universidades, y, además,numerosos titulares de instituciones públicas y sobre todo privadas de todo el país,mientras que los 18 estudiantes y académicos que participarían, ni siquiera serian electospor estudiantes y profesores de las instituciones educativas.